Los hoy herederos de la tierra recuerdan a sus héroes
Como olvidar aquella tragedia de hace 8 años: la Masacre de Curuguaty. Este doloroso episodio fue el punto culmen de una lucha intensa de campesinos paraguayos por un pedazo de tierra y la recuperación de “tierras mal habidas”, ya denunciadas y documentadas en el Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia. Las tierras de Marinakue pertenecen al Estado. Por asalto la familia Riquelme se apoderó de ella.
El 15 de junio del año 2012 policías atacaron el asentamiento de campesinos que llevaban ocupando las tierras ya por un tiempo. El reclamo fue que esas 2000 hectáreas, que forman parte de los bienes del Estado, sean distribuidas a las familias sin tierra de la zona. Y también estaba en las reivindicaciones campesinas, la recuperación de estas tierras consideradas malhabidas.
El veterano político colorado Blas N. Riquelme y su grupo empresarial se apoderó de esas 2000 hectáreas cuando la Marina abandonó el lugar en 1999, más o menos. Las tierras fueron donadas a la Marina en 1967 por la Industrial Paraguaya SA, LIPSA, una empresa latifundista que compró millones de hectáreas de tierras públicas a finales del 1800 cuando el General Bernardino Caballero autorizó la venta de tierras del Estado.
El 15 de junio del año 2012, las fuerzas públicas ingresaron de pie, con móviles, a caballo y helicóptero armados y ordenaron a los campesinos abandonar las tierras ocupadas. En un confuso momento surgieron disparos que mataron a campesinos y policías.
Allí cayeron 11 campesinos y seis policías. Además, se produjeron varios heridos, campesinos la mayoría.
Avelino Rivero, Avelino Espínola, Delfín Duarte, Francisco Ayala, Arnaldo Ruiz Diaz, Ricardo Frutos, De los Santos Agüero, Adolfo Castro, Fermín Paredes y Luis Paredes, Luciano Ortega, son los nombres de los campesinos muertos.
Luego fueron condenados a prisión: Rubén Villalba, Luis Olmedo, Arnaldo Quintana, Juan Tillería, Néstor Castro, Lucia Agüero, Fani Olmedo, Alcides Ramirez, Dolores Lopez, Felipe Benitez y Adalberto Castro.
Los policías muertos fueron: Erven Lovera Ortiz, Osvaldo Aníbal Sánchez, Derlis Ramón Benítez Sosa, Jorge Arturo Rojas, Juan Gabriel Godoy, Wilson David Cantero González y Martínez.
La articulación “¿Qué pasó en Curuguaty?” y otras muchas organizaciones de derechos humanos iniciaron luego una intensa labor para liberar a los detenidos campesinos que sin pruebas han sido condenados.
El Fiscal Jalil Rachid, uno de los fiscales del caso, fue uno de los que llevaron a la condena a los campesinos, un proceso plagado de irregularidades, un circo de proceso judicial. Fue apoyado fuertemente por dirigentes políticos golpistas y otras autoridades, entre ellos, el entonces, Fiscal General del Estado, Francisco Díaz Verón, hoy preso por corrupción.
Golpe parlamentario, la moda de los golpes de Estado en América Latina
Esta ha sido una de las peores intervenciones policiales en nuestra historia reciente. Nadie en su sano juicio puede entender y explicar el porqué de esta actuación tan bárbara.
Y no había racionalidad en la actuación policial porque todo formaba parte de un plan para sofocar las acciones campesinas en su demanda por tierra y activar el proceso de golpe de Estado parlamentario en contra del Gobierno de Fernando Lugo, que derrotó en elecciones libres el 21 de abril del 2008 al Partido Colorado.
Este acontecimiento vino a cerrar, no solo un proceso de reivindicaciones campesinas por la tierra y de fortalecimiento de las organizaciones populares, sino también impedir que se siga reclamando la recuperación de tierras malhabidas.
Un caso, como ejemplo. La ocupación de Ñacunday en el Alto Parana, casi al mismo tiempo de las ocupaciones en Curuguaty y otros lugares, logró que todas las fuerzas políticas e instituciones, léase el Gobernador y todos los intendentes municipales del departamento, se alinearan con las organizaciones de “productores sojeros” para repudiar a los campesinos. Totalmente en contra de los intereses mayoritarios de la población, y también en contra de quienes pretenden devolver al Estado paraguayo los bienes que le fueron sustraídos.
Con ese mismo patrón de comportamiento de los “grandes productores de soja, ganaderos y de la narcopolítica” enfrentaron el problema de tierras en Marina Kue. No con la intención de solucionar, sino de producir la destrucción de las organizaciones campesinas y derrocar al gobierno.
Todo el aparato parlamentario, contrariado con gobierno de Lugo por el apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos, también fue movilizado para este tétrico acontecimiento en Curuguaty. Son varios los parlamentarios que incitaron una bárbara intervención policial en un conflicto social. Uno de estos es el entonces diputado Oscar Tuma, colorado.
El 22 de junio, una semana después, en un juicio político derrocaban a Fernando Lugo y asumía como presidente del Paraguay Federico Franco.
De este modo venía cabalgando por América Latina esta nueva estrategia de los “poderosos” de sacar con golpes institucionales a gobiernos que pretenden hacer que los sueños de la población mayoritaria se cumplan.
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