El 23 de julio será recordado como un día trascendental de nuestra historia. Lo que desde hace décadas se impulsa, lo que los políticos creían imposible, lo que en espacios internacionales se plantea que la educación superior es un “bien público” y debe ser pública y gratuita porque es un derecho humano, este día se coloca el cimiento para la realización de tan grande anhelo que impulsará a nuestro país hacia un nuevo horizonte. La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley del “arancel cero, y educación superior gratuita” impulsada por los estudiantes agremiados, las universidades públicas, sindicatos docentes y académicos y apoyados por organizaciones ciudadanas y políticas.
“Lo que se logró es un hecho histórico, una lucha de generación en generación; es una conquista para todos los sectores populares del país que históricamente han sido excluidos del sistema de educación superior” empieza diciendo Amaru Gaspar Benítez García integrante del Movimiento Sununu de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, que también forma parte de la “Coordinadora Estudiantil de la UNA”, al reflexionar sobre el gran primer logro del “arancel cero” en las universidades públicas.
Amaru Gaspar Benitez Garcia Sununu -FACSO
Amaru Benítez es oriundo de Tava Guarani, distrito de Santa Rosa del Aguaray, del Departamento de San Pedro. Hizo sus estudios primarios en la “Escuela La Libertad” de Tava Guarani y la educación media en el “Centro Educativo de Alto Desempeño Félix de Guarania”, de Caaguazu. Actualmente se encuentra cursando la carrera de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO, de la UNA.
Miles de estudiantes universitarios, secundarios, maestros, sindicalistas, salieron a las calles para apoyar con la fuerza ciudadana una propuesta que venía madurándose y que correspondió al Senador Víctor Ríos la presentación del Ante Proyecto de Ley “Que prohíbe el arancelamiento de los cursos de grado en todas las universidades del país”.
Organizaciones representantes de las 8 universidades publicas del Paraguay se manifestaron en distintos lugares, en las ciudades cabeceras, mientras que Estudiantes, docentes, sindicalistas de las facultades de Arquitectura, diseño y Arte, FADA; Ciencias Agrarias; Facultad de Ciencias Sociales, FACSO; la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, y las distintas universidades públicas como la Universidad Nacional de Pilar, UNP; Universidad Nacional de Concepción, y otras se manifestaron alrededor de sus sedes y ocuparon zonas claves de la capital cortando el tránsito para hacerse sentir a la ciudadanía y la clase política que debía de decidir esta cuestión.
Hay un primer e importante paso. Algunos parlamentarios plantearon que esta ley tenga vigencia solo este año, por la pandemia que está dejando profundos problemas económicos. Sin embargo, primó la propuesta de que sea una ley que entrará a regir desde este año y seguirá en los siguientes.
Cuando se preguntaron de dónde se obtendrán los recursos para el financiamiento, básicamente se definió que este año se tendrá un 7% de los recursos de la Administración del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide); el 3,5% de los recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y otro 3,5% de los fondos del Tesoro. Para este año se precisarán unos 17,5 millones de dólares. Y para mantener la educación con “cero costos” en aranceles, pago por derechos de exámenes y otras exigencias académicas se precisará unos 31 millones de dólares anualmente.
La idea es superar los obstáculos económicos
“En estos tiempos de pandemia ya son muchos los estudiantes que tuvieron que abandonar sus estudios a raíz de los problemas económicos”, dice Amaru y describe la situación laboral del país en el que son más de 120 mil trabajadores cesados de sus trabajos “y muchos de ellos son estudiantes secundarios, universitarios o padres y madres de estudiantes”.
Entonces, según el dirigente universitario, “la idea principal es poder superar la imposibilidad gigantesca que genera el cobro de aranceles en las universidades públicas para estudiantes que son principalmente de escasos recursos; empezaron a darse deserciones de grandes cantidades de estudiantes, por las incapacidades económicas de muchos universitarios, una línea de exclusión de estudiantes”.
Otro argumento que también fue expuesto tanto por los universitarios, académicos, sindicalistas, dijo Amaru, es que en el país se tiene una población joven que alcanza más del 20% de la población, es el llamado bono demográfico, en el que el país debe invertir para tener un horizonte mejor.
Una experiencia rica y resaltada por el dirigente es “la articulación y coordinación entre organizaciones universitarias de todas las universidades públicas, al interior de la Universidad Nacional de Asunción, y luego con otras universidades”.
Ante la imposibilidad de llegar hasta el Congreso para manifestarse y apoyar la propuesta “muchos estudiantes salieron a manifestarse en sus ciudades y pueblos, en las sedes universitarias y en las cabeceras departamentales. Aquí en Asunción, los que pudimos marchamos por las calles, y respetando todas las exigencias por la cuestión sanitaria”.
“Hemos escuchado el debate en el senado diciendo que esta propuesta de “arancel cero” sea solamente por este año; sin embargo, nosotros pretendemos que la ley se mantenga y que las universidades públicas sean realmente gratuitas, una ley permanente, que se apruebe de forma permanente; pero por este año, los recursos provendrán de entre otras fuentes, las de Fonacide, las que no han sido ejecutadas y también de otras fuentes”, manifestó Amaru Benitez.
Dijo que se mantendrán muy atentos cuando se tenga que tratar en la Cámara de Diputados, y también en las fuentes que serán utilizadas para el financiamiento de la “universidad gratuita; a fin de año se discutirán otras fuentes para que las universidades publicas tengan los recursos proveídos por el Estado y que ya no venga de los aranceles y otros costos que obstaculizan el estudio de muchos jóvenes”.
Un dato interesante saber es que del 20% de la población joven en edad de estudiar en una universidad, “y solo el 5% lo hacen. Esto significa que habría unos 2 millones quinientos mil jóvenes en esta franja y el 5% de estos hacen unos 125 mil jóvenes dentro de la universidad, es muy bajo”.
“Es gravísimo no atender esta población joven”
Esto, según Amaru, es “gravísimo no atender esta población, especialmente pensando en el futuro, para que una persona pueda tener una vida digna”.
Este proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Senadores facilitará también la vida de los estudiantes del campo que deben migrar para estudiar. “Otra de las grandes limitaciones es la gran centralización de los centros universitarios, y esto hace que la educación sea mas cara y un gran impedimento para el estudio; los recursos requeridos por los estudiantes ahora, con esta ley, serán menores”, dice.
Consideró que este es “un primer paso de conquista, no es la solución a todos los problemas, pero puede dar una mínima dignificación de las condiciones de estudios para nuestro pueblo”.
Manifestó el joven universitario de Tava Guarani que “debemos estar atentos para cuando se trate en diputados; será el momento de desmontar, de ir cambiando todos los esquemas sociales, económicos, educativos que se montaron en los más de 35 años de dictadura; una estructura de exclusión, violencia, estructura de premiar a sectores poderosos, mientras que los grandes sectores padecen la más absoluta miseria. Es un primer paso para ir derrumbando esta sociedad que se montó a partir de preceptos conservadores, agresivos hacia la dignidad humana”, concluyó.
Las universidades públicas también apoyaron la movilización
Todas las universidades públicas se movilizaron y todos sus estamentos. La Universidad Nacional de Pilar, UNP, una de las principales impulsoras de la “universidad pública y gratuita” emitió un comunicado expresando que “aún es una deuda pendiente con la Juventud Paraguaya la Educación Superior Gratuita y de Calidad”, basándose en los preceptos constitucionales de que “toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad”, art. 73.
La UNP basó su posición en la Ley 4995/13 de educación superior que dice que “la educación superior es un bien público y por ende es un factor fundamental para el desarrollo del país (…) y como bien público, la Educación Superior es responsabilidad del Estado, en cuanto a su organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional”.
Expresa también que esta es una posición histórica de la UNP que coincide con los principios reformistas de Córdoba en 1918 y las declaraciones de las Conferencias Regionales de Educación Superior, la CRES 2008, la Conferencia Mundial de la Educación Superior de París , 2009, y CREES 2018. Es, por tanto, necesario “ofrecer a los paraguayos el goce del Derecho a la Educación Superior y superar con ello el injusto arancel, que significa una de las barreras para acceder a la Educación Superior Pública”, e instaba la aprobación del ante proyecto de la ley. La nota fue firmada por el Presidente del Consejo Superior Universitario de la UNP, Dr. Adolfo Villasboa, Pilar 22 de julio 2020.
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