EL Poder Ejecutivo emitió el decreto n° 4734 por el cual reglamenta la Ley 6620/20 que establece “la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades publicas del Pais”. Por esta misma ley también se establece la gratuidad en el Instituto de Bellas Artes, Instituto Nacional de Educación Superior, los Institutos de formación docente que dependen del Ministerio de Educación y Ciencias, y, el Instituto Nacional de Salud.
A raíz de esta reglamentación en ninguna universidad pública ni institutos superiores públicos se cobrarán aranceles ni costos de cursillos de ingresos ni otros rubros para la educación superior.
Con la pandemia declarada en marzo del año pasado, entre tantas entidades, rubros y servicios afectados, también estaba la educación, especialmente la educación superior, por la que estudiantes, docentes y otros colectivos solicitaron al Poder Ejecutivo un apoyo para que muchos jóvenes sigan estudiando. Sin embargo, esto no se dio, pero, en coordinación con parlamentarios el camino se dirigió hacia otro resultado, la gratuidad de la educación. El Senador Victor Ríos presentó el proyecto de ley de “no arancelamiento” y apoyado por otros parlamentarios, incluso bancadas enteras.
A partir de este proyecto se aprobó en el Senado, con participación de los actores estudiantiles, sindicales y autoridades de las universidades; luego en diputados se modificó, ampliándose la gratuidad para los cursillos y otras entidades de educación superior públicas, pero no corriendo igual suerte quienes culminaron sus estudios de educación media en el ámbito privado, entre otros puntos.
Pero finalmente, tras pasar de nuevo por la Cámara de Senadores, luego a Diputados, el Poder Ejecutivo promulgó la ley el pasado 18 de octubre. Sin embargo, la ley debía reglamentarse para la cual el Poder Ejecutivo tenía hasta 90 días.
Los días anteriores a este decreto de reglamentación, la calles empezaron a sentir de nuevo la presencia de estudiantes protestando por la falta de reglamentación porque, en realidad, el problema “afectaba a mucha gente que debían seguir pagando aranceles y cuotas por cursillos, principalmente”.
“I puerko ko Marito”
Esta Ley, o similar a esta, incluso mas profunda y con mayor efecto se vino pidiendo desde décadas. Muchas generaciones de estudiantes y profesionales tuvieron que pasar para que ahora se haga realidad.
Sin embargo, hay que señalar, que esta ley y nueva situación no se tiene por voluntad del Ejecutivo, sino por la fuerza de los estudiantes, los sindicatos, algunos académicos y autoridades de las entidades públicas de educación superior.
Como una muestra de que Mario Abdo no demostró voluntad es la exagerada espera para reglamentar. Si, la ley le faculta los 90 días. Pero, es inmoral que haya esperado todo ese tiempo ante una extrema necesidad. Es una forma de venganza en contra de estudiantes que le gritaron que la educación debía ser gratuita y que debía solidarizarse con los estudiantes en la pandemia, cosa que no hizo.
Y, el reglamento, no trae nada complicado ni que perteneciera a otro mundo. Quizá lo nuevo es la inclusión del Ministerio de Desarrollo Social para los efectos de incluir entre los beneficiados a aquellas personas que se recibieron en instituciones privadas y que por condiciones de vulnerabilidad tenga que solicitar la exoneración, para gozar su derecho a la educación.
Este reglamento pudo haberse hecho al día siguiente de la promulgación de la ley el 18 de octubre. No tiene ninguna novedad ni dificultad técnica ni política, ni administrativa.
Y vale la pena exponer lo que dijo un estudiante que fue con la intención de inscribirse en un cursillo de una de las facultades de la UNA. En preceptoría le dijeron que tenía que pagar. “I puerko ko Marito. Añamembyre”, dijo este joven cuando se le consulto por qué no pudo inscribirse.
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