Se realizó ayer la primera reunión entre dirigentes de organizaciones campesinas y el Ministro de Agricultura y Ganadería, MAG, después de las movilizaciones y tras el Acuerdo del 15 de octubre. Se repasaron los puntos del acuerdo y establecieron un cronograma de trabajo y las prioridades. La reunión de este equipo se realizará cada 15 días.
En esta reunión llevada a cabo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, estuvo el ministro Moisés Hernando Bertoni, la Viceministra de Agricultura, Ing. Agr. Bettina Aguilera y directores de distintas áreas. En representación de las organizaciones campesinas estuvieron Jorge Galeano y Félix Núñez, por la Coordinadora Nacional Intersectorial, CNI; Gustavo Alfonso y José Parra, por la Articulación Campesina, Indígena y Popular, ACIP.
Así se iniciaron los trabajos para buscar el cumplimiento de los compromisos asumidos el pasado 15 de octubre tras varios días de movilización campesina en la capital y otros lugares del país.
Por donde se mire hay emergencias y urgencias para cumplir los puntos acordados. Uno de los problemas puntuales de mucha urgencia tiene relación con algunos componentes de la reactivación productiva y específicamente con la producción familiar, campesina e indígena. En el campo muchos cultivos se están perdiendo a raíz de la larga sequía y otras inclemencias del tiempo como tormentas y granizadas. Siendo así, las condiciones creadas por escasez de lluvia es muy probable que se presenten muchas dificultades para la resiembra, por un lado, y, por falta de apoyo estatal, por otro.
“La reunión fue muy buena con autoridades del ministerio de Agricultura y Ganadería, y así se inició esta etapa”, dijo José Parra al informar sobre el ambiente y los avances en la reunión. Mencionó que ya en el presupuesto de este año hay montos que se tienen que redireccionar para la producción campesina y que haciéndolo se puede obtener resultados favorables para las familias campesinas.
Precisamente, en los puntos 1 al tres del “Acuerdo del 15 de octubre” se expresa que el Poder Ejecutivo tiene unos 30 millones de dólares que van a reasignarse para financiar la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena a través del presupuesto que se encuentra en el marco de la “la recuperación económica”, a raíz de la pandemia, y al que se suma el presupuesto propio del MAG para dicho rubro.
La estrategia planteada por las organizaciones campesinas no presenta dificultades para el cumplimiento. Tanto la CNI como la ACIP tiene sus planes y proyectos, la gente que va a trabajar está esperando, todo está para que funcione, no hay que crear condiciones o situaciones, la gente ya está esperando y lista para el trabajo.
Intervención y cambios en INDERT
La reunión coincidió con la intervención fiscal de las oficinas del INDERT y la destitución de su presidente. Acerca de esta situación, Parra no considera que tal situación pudiera entorpecer el proceso. “Nuestro acuerdo es con la institución, no tiene por qué perjudicar el proceso los cambios en la institución”, dijo y refirió que es necesario sanear el INDERT porque una institución con buena gestión puede hacer mucho bien a todos. “Si hay corrupción y está comprobado está bien”, dijo y recordó que las organizaciones campesinas han venido denunciando todo el tiempo distintos tipos de obstáculos que encuentran en las instituciones gubernamentales como el INDERT y otras.
La mayor parte de los problemas de acceso a la tierra o la tenencia surgen en la misma institución pues “se han inventado titulaciones, se hicieron muchos negociados, en connivencia con funcionarios y sectores de poder”, manifestó.
El punto 6: estorbo para terratenientes
Desde hace días se escuchan voces de protestas de parte de gremios de industrias, grandes empresas y del agronegocio que el acuerdo firmado entre organizaciones campesinas y el Estado la semana pasada tiene varios puntos de difícil cumplimiento, incluso, el “punto 6 alentará la ocupación de tierras”.
Sobre el mismo, José Parra manifestó que “se han de oponer porque ellos tenían todas las facilidades para avanzar en ocupaciones de muchos territorios, en muchas tierras campesinas e indígenas sin ninguna intervención o con complicidades de las instituciones”, dijo apuntando que muchos son los empresarios del agronegocio que presionan para hacerse con tierras campesinas, inventando títulos de propiedad y buscar el desalojo de comunidades indígenas, incluso.
Comentó que lo que se pretende hacer con este acuerdo es “salvaguardar los derechos de la gente y los que tienen sus documentos en condiciones no deben temer, no somos los campesinos los que invadimos las tierras, son ellos y así se inician muchos problemas de la gente y muchos de los problemas sociales”.
Explicó que el “punto 6” es simple de entender. Lo que se está “planteando es que si viene una persona, un empresario, lo que fuera, a hacer reclamos de un lugar donde hay personas ocupando, un asentamiento o una comunidad indígena, lo primero que se tiene que hacer es investigar, si el documento es real, ver la parte histórica, si está registrada adecuadamente, en los padrones, ver sus orígenes, etc, pues los asentamientos generalmente están con algún título, o es tierra fiscal o excedente fiscal, o tiene título, y que luego viene a ser cuestionado por algún empresario; y en estos casos, lo que ocurre es que rápidamente se desaloja a la gente. Así las autoridades fiscales y judiciales primeramente ordenan a la autoridad a desalojar comunidades, proceden a desalojos violentos, echan casas, queman, destruyen escuelas, este tipo de problemas lo que queremos impedir con el acuerdo”, manifestó José Parra.
Dijo finalmente que no se debe temer de este planteamiento. “Lo que pasa es que se criminaliza al campesino”, dice, y, “se debe respetar los derechos, de todos, la cuestión es hacer justicia; y, hacer justicia no es desalojar a campesinos e indígenas”.
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