Parlamentarios progresistas iberoamericanos instan a los gobiernos que se declare la “vacuna contra el SARS-CoV-2 y posibles tratamientos efectivos, como bienes de uso público, universal y gratuito”. Esta decisión tomó el Grupo de Puebla en su reunión del 3 de julio teniendo en cuenta que existen muchas investigaciones avanzadas hacia la consecución de una vacuna que pueda combatir la enfermedad que perjudica a todo el mundo.
El mundo en pandemia está expectante ante el descubrimiento y producción de una vacuna que combata los efectos del coronavirus. Existen muchas investigaciones en proceso. Se está realizando pruebas y ya se anuncia que para fin de este año o máximo a inicios del próximo se cuente con la tan esperada vacuna.
La esperanza de toda la población está en esa vacuna. Pero también los grupos de poder, los grupos farmacéuticos, los productores y distribuidores de estos productos ven en “eta esperanza de la población” como una oportunidad de negocios. Y, en verdad, no será un negocio pequeño. Los costos que se anuncian son elevados.
Y, no hay que negarlo: los grupos están compitiendo para colocar mejor su “mercancía”. Y, desde una mirada del mercado, los que tendrán acceso a la vacuna serán los países industrializados, primero, los sectores de poder económico, de cada país y, cuando “esté en oferta” puede alcanzar a toda la población. Así funciona el mundo según la biblia del capital.
Ante posible situación el Grupo de Puebla que es “un espacio de reflexión e intercambio político iberoamericano”, decidió trabajar para que “la vacuna y tratamientos para curar la COVID-19, como bienes públicos de acceso universal y gratuito, garantizando su disponibilidad y distribución para toda la población”.
En el punto dos de su resolución expresa trabajar para proponer conjunta y coordinadamente ante los organismos de integración regional, instancias legislativas acciones que “insten a las autoridades ejecutivas de nuestros países a: declarar la vacuna contra el SARS-CoV-2 y posibles tratamientos efectivos, como bienes de uso público, universal y gratuito”.
Además buscan que los Estados adopten políticas de “declaración de licencias obligatorias y el desarrollo local de tecnología, que aseguren el acceso libre de la vacuna a nuestros países, garantizando su justa distribución; y apoyar en todas las instancias multilaterales, posiciones conjuntas con otros países en defensa del derecho al acceso universal y gratuito a tratamientos y vacunas contra el COVID-19, debiendo rechazar cualquier intento de registro o patente relacionadas a la COVID-19 que pueda dificultar o encarecer el acceso a tratamientos o vacunas”.
OMS y Asamblea Mundial de la Salud piden eliminación de obstáculos ante COVID
Estas resoluciones fueron tomadas considerando importantes decisiones de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/74/270 sobre la «Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)» y la resolución A/RES/74/274 que trata sobre la «Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19»
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reunión del 11 de marzo consideraba al COVID-19 “como pandemia”. En la oportunidad tomó como base las resoluciones de la 73° Asamblea Mundial de la Salud que hace “un llamamiento a que se otorgue prioridad a nivel mundial al acceso universal, oportuno y equitativo a todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales de calidad, seguros, eficaces y asequibles, incluidos sus componentes y precursores, que sean necesarios para la respuesta a la pandemia de la COVID-19”, e insistía en lo siguiente: “distribución justa, y para que se eliminen urgentemente los obstáculos injustificados que dificulten dicho acceso y distribución”.
¿Por qué hay preocupación en esta materia?
Para ser sencillo. Existen disposiciones y acuerdos internacionales relacionados a los “derechos de propiedad intelectual”, que guardan relación con el comercio, y que hacen parte de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Pero, también existen excepciones y situaciones de flexibilidad, especialmente cuando se trate de la salud pública.
En otras palabras, el mundo está totalmente armado para someter a toda la población en un gran conflicto de patentes, derechos individuales, propiedades, marcas, etc, que también deben protegerse, pero sin atentar contra otros derechos como la salud, la educación, la alimentación, entre otros.
Aquí radica la sustancial importancia de esta resolución del Grupo de Puebla, que, aunque no tiene relación con los gobiernos ni puede imponer, sin embargo, puede trabajar para que tengan en cuenta el bien primero: la persona, luego los comercios.
Un hecho llamativo, como ejemplo. El gobierno de Estados Unidos acaba de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Significa que no haría caso a las recomendaciones de tal organismo multilateral. ¿Qué pasaría si fueran los norteamericanos los que descubren, fabrican y patentan una vacuna? ¿Acataría una decisión de la OMS que diga que las vacunas deben ser “bienes de uso público, universal y gratuito”?
Se buscan proteger y hacer efectivos los derechos, incluyendo los derechos intelectuales, pero hay que organizar la cosa para que no se convierta en un “terrorismo comercial” que, al final, en la realidad, niegue los derechos a la salud de toda la población.
Grupo de Puebla
El Grupo de Puebla está constituido por políticos latinoamericanos que analizan la situación de la región en sus diferentes aspectos: políticos, económicos, sociales, ambientales, de integración, etc. y establecen líneas de acción.
En la reunión del 3 de julio se creó el “Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano”, del Grupo. La resolución sobre el tratamiento de la vacuna del COVID-19 es una de las primeras acciones del equipo.
Está integrado por hombres y mujeres no capitalistas de cerca de 15 países. Son integrantes paraguayos del Grupo de Puebla los senadores: Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Jorge Querey y Fernando Lugo.
joajupy@gmail.com
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