El Presidente de la República, Mario Abdo Benitez, dijo que recurriría a los fondos por Royaltyes y FONACIDE destinados a gobernaciones y municipios. La mitad de lo que se desembolsa serían usados para enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿Es un acierto del Ejecutivo nacional? ¿Es posible disponer de dichos recursos? ¿Afectaría a la población?
Ante dicho anuncio, el Consejo de Intendentes de San Pedro, CISP, decidió rechazar la propuesta del Ejecutivo. Dice al gobierno central que es muy importante que se priorice el uso de los recursos para enfrenar esta emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus, pero hay que buscar recursos en otra caja.
El Consejo de Intendentes expuso al Ejecutivo, que el anuncio lo hizo “sin una debida valoración de las consecuencias nefastas que dicha determinación podría conllevar”. Tampoco se hizo una consulta previa “con las instituciones municipales – principales afectadas –“, dicen los intendentes. Y tras rechazar el ”redireccionamiento de dicho recurso” exponen que tales constituyen “los principales ingresos de todas las instituciones municipales del país”.
La medida pondrá en “un verdadero riesgo para la sostenibilidad y el funcionamiento de nuestras instituciones
por encontrarse los mismos comprometidos al cumplimiento de nuestras obligaciones”.
En otras palabras, los municipios quedarán con demasiadas necesidades que también son vitales. Esto, sin mencionar, los graves problemas y reacciones sociales que tendrán que soportar el poder local, y, sin recursos.
El Consejo de Intendentes de San Pedro explica también que las instituciones municipales son “centros de atenciones directas de las necesidades sociales más elementales y urgentes”. El municipio tiene autoridades, leyes que los rigen, planes y programas que deben desarrollar con la gente. Uno de ellos es la necesidad del fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel municipal y también departamental.
Entre tantos servicios que deben realizar las instituciones municipales, y por mandato constitucional, actualmente “la salud como la educación y la Seguridad Ciudadana son funciones cumplidas conjuntamente por las instituciones municipales y el gobierno central”.
La nota fue enviada al Presidente de la Republica, a la Cámara de Diputados y Senadores con la intención de que los parlamentarios analicen todas las aristas para decidir sobre esta cuestión. La nota al Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda también tiene el mismo objetivo, hacer entrar en razón para no plantearlo.
La resolución cuenta con la firma de 20 intendentes del Departamento de San Pedro. En otras palabras, si la población es representada por sus intendentes, el 98% de la población de San Pedro rechaza la medida que el Presidente anunció.
“Pretende sacar al sector más débil”
Juan Manuel Avalos es Intendente de la Ciudad de Lima. En su explicación a nuestro medio dice que “justamente se le pretende sacar a sector mas débil”. Abundó en detalles acerca de la nota presentada. Agregó que en el Paraguay existen 256 municipios, solo el 1.5% de los royaltyes se dan a los municipios. Es decir, lo que equivale al 1.5% se dividen entre 256 municipios. Las gobernaciones reciben el 1.3%.
Si se llega a recortar el 50%, dice Avalos, la cantidad a ser distribuida entre los municipios sería solo del 0,75%. ¡Tuicha oje huguái kytïta!
Según el Intendente de Lima habría que ver y priorizarse esta emergencia sanitaria, y habrá que ver recursos de otra parte, pero no sacando al mas pobre. Unos datos más: los royaltyes van el 53% para el Poder Ejecutivo, también para el Parlamento, BNF, CAH, empresas públicas, etc. “No sé para que se dan a las entidades públicas. Es para inversión pública, ¿dónde se gastan estos montos?, se pregunta el Intendente.
El Consejo de Intendentes sugirió que se tenga en cuenta en el análisis los recursos del FONACIDE, que quizá tenga más para compartir. La pregunta es también, ¿y se estará sacando el pan de la boca de los niños y niñas? Es verdad que los niños no están yendo a la escuela, ahora. Pero ¿no deberían estar recibiendo, la alimentación, por ejemplo, en sus respectivas casas? La alimentación no es aliciente para que vayan a estudiar en las escuelas, es porque existe una necesidad real de atención alimentaria de niños y jóvenes, hay estudios que demuestran que deben recibir, en esta edad, determinada cantidad de calorías para que pueda aspirar a un mejor desarrollo de la personalidad.
¿Por qué no se redireccionan las fuerzas de tareas conjuntas, FTC?, se pregunta Avalos. “Ellos cuentan con un presupuesto importante y ahora, ante esa emergencia sanitaria, esos recursos deberían utilizarse para la salud, y ver otros gastos que podrían redireccionarse, y dotar más recursos a la salud, a los municipios para que también refuercen los sistemas de salud locales y departamentales”, señala Juan Manuel Avalos.
¿Casualidad o coincidencia?
Con mucha frecuencia se oye y lee a periodistas de medios de comunicación, principalmente de la capital del país, criticando “los malos usos de royaltyes y Fonacide” por los gobiernos departamentales y municipales. Esta crítica es frecuente y no ocasional, constituye la línea periodística, “la verdad” para los medios de la capital.
En estos últimos días el periódico 5 días, especializado en información económica, expresaba con el título “En plena crisis sanitaria, intendentes se aferran a millonarios fondos”, y entre otros aspectos dice que “cabe mencionar además, que en estos conceptos siempre hubo un dudoso movimiento de dinero en las comunas, ya que muchas veces las mismas no rinden cuenta ante la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de los fondos que reciben, y si lo hacen, esos reportes son poco confiables pues no se ve traducido en obras de beneficio para la ciudadanía”.
Se suman estos títulos y comentarios a otros tantos y convierten a las autoridades locales o departamentales en “sospechosos, tienen cara de sospechosos”. No es pretensión presentar una defensa de las autoridades municipales. Pero vale recordar y subrayar que existen varios mecanismos de control sobre el uso de los fondos, existen reglas muy claras y sanciones también. Y si hay sospechas está la Contraloría General de la República, la Fiscalía, el recurso de la intervención, tantos mecanismos que son contralores de los gastos de estos y otros rubros.
La realidad en los municipios puede ser muy diferente. Una cosa es lo que dicen los análisis macroeconómicos, y otra lo que dice la realidad con rostro concreto.
No es una casualidad que las autoridades municipales de San Pedro se hayan adelantado para dar a conocer sus posturas sobre lo planteado por el presidente de la Republica en un momento muy delicado. Es que, si los intendentes no defienden sus recursos, quien lo hará. Y no olvidemos: San Pedro es el segundo departamento más pobre del país.
Todo depende desde donde se mira
Es verdad y preocupante la pandemia causada por el COVID-19 y todo San Pedro acata las decisiones del Poder Ejecutivo, porque además de las exigencias legales, es una prioridad de optar por la vida, por la defensa de la vida.
Y el planteamiento de sacar recursos de los municipios, y la mirada de los grandes medios de comunicación, es también una cuestión política. ¿Desde dónde se mide y se mira la realidad? ¿Desde Asunción? ¿Solamente?
Hay una practica y mirada centralista, contraria a la Constitución Nacional y las reglas democráticas que plantea la descentralización. Y esto significa también que debe haber descentralización de recursos. “No, pero los intendentes y gobernadores se aprovechan y gana la corrupción”. Y, ¿en el poder central, hay santidad?
¿Hay que aplaudir la corrupción, entonces? No. Hay que fortalecer las capacidades en los municipios. Mas descentralización, mas transparencia, mas capacidad desarrollada, es igual a mayor y mejor calidad de la democracia.
La mirada centralista hace mal, no solo a los ojos, al país.
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