Desde el espacio de la unidad campesina conformada entre la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena y Popular (ACIP) y con la participación de la Campaña Itaipu ÑANDE MBA´E, consideramos la necesidad de compartir la caracterización de la realidad política, económica y social en la que nos encontramos actualmente.
Texto integro.
La crisis del COVID19 ha sacado a luz con más fuerza problemas sociales históricos de nuestro país que hoy nos interpelan y están en la agenda: la situación campesina, indígena y de los sectores populares, la realidad obrera y de los empleados, la salud, la educación, la industria, la estructura económica y la corrupción.
Los grupos de poder económico y financiero aprovechan la crisis para aumentar de cualquier forma sus recursos, sean con medidas legales o a través de la corrupción, articulándose cada vez mejor con miembros del gobierno y aprovechando los espacios judiciales, parlamentarios y del ejecutivo. Estas prácticas gubernamentales y de los grupos de poder van directamente en perjuicio de las y los trabajadores y del pueblo en general, agravando la situación con el cada vez mayor endeudamiento de nuestro país.
El gobierno de Mario Abdo Benítez instaló como línea discursiva la transparencia y su lucha contra la corrupción, pero sin embargo se caracteriza actualmente por apañar los grandes hechos de corrupción. Prueba de ello, varios ex miembros de su gobierno se encuentran en prisión. Es el continuismo del mismo modelo de Horacio Cartes, hoy reflejada con la denominada “operación cicatriz”. Es un gobierno sin legitimidad ni honestidad y no ha efectuado cambios estructurales con el fin de combatir radicalmente la pobreza y la exclusión social de nuestro pueblo.
El presidente Mario Abdo empeoró la situación social con la profundización de las desigualdades entre paraguayos/as, la desigualdad de género y generacional y la expulsión de jóvenes del campo a la ciudad. Demostró su insensibilidad y su falta de compromiso con la Agricultura Familiar Campesina en relación a la compra de deudas públicas y privadas de los productores campesinos, y no está interesado en dar solución estructural a la problemática de la tierra ante la concentración ascendente de la tierra en manos de extranjeros y multinacionales.
La inexistencia de instrumentos legales y la ausencia de políticas agrarias para el desarrollo de la agricultura familiar campesina es la razón por la que miles de campesinos agricultores se encuentran hoy en riesgo de perder sus tierras a causa de sus deudas judicializadas. Además, no existen rubros para la producción a causa del ingreso masivo de productos de contrabando bajo el respaldo y complicidad del gobierno. La política agraria de este gobierno está orientada a las transnacionales, con la producción de materia prima por una parte y, por la otra, la importación de bienes industrializados, con la proyección de la extinción de la población campesina en el marco del plan 2030, con lo que se dejará de lado la producción de alimentos sanos y saludables, productos de la agricultura familiar campesina.
El poder legislativo, con honrosas excepciones, sigue siendo el muestrario más calamitoso de la degradación moral y política, reuniendo en su seno a quienes no representan la voluntad popular, sino a los que representan al grupo de poder fáctico y mafioso que se burla de la población paraguaya.
El Poder Judicial, sigue siendo el brazo represor jurídico de sectores mafiosos y corruptos. La justicia no existe para los trabajadores, campesinos, indígenas, ni para los pobres y excluidos, dejando impunes a los delincuentes, narcotraficantes y ladrones públicos responsables de la miseria que aflige a millones de paraguayos, sumiendo a este poder del Estado en el más profundo descreimiento.
Como parte importante de la sociedad paraguaya, alertamos que vivimos una realidad en la que las personas pasamos hambre, enfermedad, marginación, sacrificio, preocupación y sufrimiento, y venimos soportando una ofensiva feroz de parte de gobiernos antipopulares que, lejos de impulsar una política para combatir la pobreza, viene profundizando el endeudamiento público, la privatización y entrega de las empresas del estado y de los bienes y servicios, así como los recursos naturales, el cada vez mayor nivel de desempleo, la flexibilización laboral y precarización de las condiciones de trabajo, la mendicidad infantil, campesinos sin tierra, pobres y endeudados, indígenas expulsados de sus hábitats y familias sin techo, lo que lleva al aumento de la pobreza y la extrema pobreza del pueblo trabajador.
El problema por el que atravesamos es estructural, producto de un modelo que opera como una democracia para ricos, que quita las tierras, el trabajo, la salud y la educación al pueblo en beneficio de las grandes transnacionales y en perjuicio de las grandes mayorías empobrecidas. La mayor concentración de pobres está en el campo.
Nuestro país tiene la segunda mayor concentración de tierras en el mundo, ya que el 2,6 % de los propietarios detenta el 85,5% de la superficie agrícola, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Si seguimos en esta tremenda injusticia, los pobres irán aumentando los cordones de miseria en las ciudades con todas sus graves consecuencias. La desidia, la inacción y la ineficiencia de los sectores retardatarios de nuestra política criolla han imposibilitado un avance más positivo para la implementación de la JUSTICIA SOCIAL.
Somos partidarios de una reforma agraria integral, que no consiste solamente en el reparto de la tierra, sino que se debe atacar de raíz el problema de la concentración de la tierra. El latifundio y el minifundio deben ser superados. Por eso proponemos la agricultura familiar campesina, el acceso a créditos blandos, el seguro agrícola, la incorporación de tecnología agrícola y la rehabilitación financiera a través de la condonación de las deudas.
En cuanto a ITAIPU, en estos 47 años el Tratado ha beneficiado a un pequeño grupo de empresas y bancos extranjeros, con anuencia de políticos corruptos, que copan sus estructuras con jugosos sueldos. Itaipu es mucho más que energía: es recurso que hoy va a los bancos y que puede ir destinado a la reforma agraria, a la industrialización, a la salud, a la ciencia y a la educación. Itaipu también es territorio que hoy está destinado al contrabando, al narcotráfico y a los clubes privados, que tiene que ir a la franja de defensa nacional y a la reforma agraria. Es también energía que hoy subsidia a las grandes empresas extranjeras, y que tiene que estar destinada a la industrialización de nuestra materia prima y otros rubros, a la electrificación completa del país, al transporte eléctrico, entre otros.
El 2023 nos brinda la posibilidad de cambiar estos puntos clave, terminar con la corrupción y las migajas, y que Itaipu deje de ser de unos pocos y sirva efectivamente al desarrollo del Paraguay, con energía para la industria y la comercialización pública, fondos para el desarrollo y territorio para la reforma agraria y la defensa.
La política económica de este gobierno está dada por decisiones al más alto nivel que son dictadas por los organismos multilaterales FMI, BID, BANCO MUNDIAL, quienes determinan el funcionamiento de los organismos financieros, la política del comercio exterior, el comportamiento de los tipos de cambio y la política salarial y tributaria. Con esto se demuestra la pérdida de soberanía económica en cuanto a la política del gasto público.
Ante esta grave situación social, económica y política, exigimos la reorientación de la política económica del país sin más endeudamiento y proponemos que la fuente de financiamiento sea de recurso genuino mediante la moratoria del pago de la deuda externa por 5 años, la reorientación de los gastos sociales y compensaciones de las binacionales y el cobro del impuesto a las grandes fortunas y la exportación de granos a las transnacionales.
NUESTRAS REIVINDICACIONES:
- POR UNA POLITICA AGRARIA CON ÉNFASIS EN LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA.
- Reactivación productiva, implementación de la ley de Agricultura Familiar Campesina, Tecnología (Investigación, desarrollo, implementación y seguimiento técnico, infraestructura para la producción, crédito accesible y a largo plazo, seguro y jubilación agrícola, educación agraria (Colegio Técnico y nivel superior), agroindustrias y mercado, fortalecimiento y promoción de ferias (distritales, departamentales y nacionales), ventas públicas, abrir mercado y en especial con china continental.
- POR LA CONDONACIÓN DE DEUDAS CAMPESINAS
- POR EL ACCESO A LA TIERRA Y LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA: Titulación rápida y gratuita, tierra y territorio. (cancelar todas las deudas por el título en el INDERT) y por la recuperación de las tierras malhabidas y del Estado.
- POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA: La oportunidad histórica que nos abre la negociación del 2023 junto a la crisis actual es recuperar Itaipú, destinando la energía, la tierra, la renta y la riqueza generada al desarrollo soberano del Paraguay.
- MANIFESTAMOS NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS RECLAMOS DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO POR EL “ARANCEL CERO”, y acompañamos la movilización del 12 de agosto.
- EXPRESAMOS NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES Y POPULARES CONVOCANTES DE LA MOVILIZACIÓN DEL 14 AGOSTO contra la política hambreadora del gobierno de MAB, por la destitución de Benigno López, contra la política de endeudamiento y por una política de impuestos a las fortunas y a la agro exportación, y contra la corrupción galopante y generalizada del gobierno traducida en nefastas consecuencias para la población paraguaya.
- FINALMENTE nos declaramos en movilización permanente y llamamos a todos los sectores a sumarse con sus reivindicaciones para la gran movilización de carácter nacional indefinida desde el 22 de septiembre en Asunción, hasta conquistar nuestras justas reivindicaciones planteadas más arriba.
Asunción, agosto de 2020
Leave a Comment