El poder está intacto: El reacomodo dentro de su propia lógica corporativa

Por Oscar R. Cáceres*

El poder real no cae con enroques de palacio ni con caras nuevas; se recicla en su propia ley.

 

Cambian los peones en el tablero, pero la chequera y las órdenes siguen siendo de los mismos dueños.

 

La tragedia económica la pagamos los de abajo, mientras el Estado actúa como su caja de rescate privado. El único antídoto contra este atropello es una ciudadanía despierta, crítica y organizada desde las bases.

En nuestro país estalló un episodio de enorme gravedad. Se gestó en el sistema financiero bajo la tutela del poder político y económico, con las manos negras operando detrás del poder formal. Es la vieja historia de siempre: como en una carrera de caballos, está el jinete, el animal, el público y el apostador; pero allá, en el fondo, los verdaderos dueños del negocio son el propietario del caballo y el mandamás de las apuestas.

 

El juicio político y la destitución del presidente Santiago Peña, pieza del poder concentrado de la ANR, y la posterior asunción de Pedro Alliana no representan ningún cambio: son un simple enroque de nombres. Sigue siendo exactamente lo mismo.

 

Desde una mirada crítica y comprometida con los principios republicanos, la dignidad humana y el horizonte del Bien Común, estos recientes acontecimientos políticos y económicos no son más que turbulencias de la misma cúpula. De ningún modo configuran un proceso de transformación democrática ni una renovación institucional. Son, por el contrario, la cruda evidencia de lo que ya advertían las voces lúcidas de nuestra historia: el movimiento interno al interior del poder real.

 

Lo que atestiguamos no es un conflicto originado por modelos de país diferentes ni una apertura hacia la justicia social, sino una pelea intestina dentro del propio bloque dominante. Es el choque de apetitos entre banqueros, corporaciones empresariales e industriales y facciones de la élite que se disputan el control de los resortes del Estado. Eso sí: no hay que negar que quienes pusieron el pecho, el hombro y la cabeza en las calles para producir este resultado demostraron un modelo de convivencia y solidaridad diferente; pero ellos, lamentablemente, no son los que detentan el poder real.

 

Una tragedia económica que recae sobre los hombros del pueblo

 

La disputa interna de estos sectores no se limita a salones cerrados; tiene un impacto directo y devastador en la vida cotidiana de las grandes mayorías. Nos encontramos ante una verdadera tragedia económica que golpea sin piedad a la población trabajadora y a los sectores más vulnerables:

 

1. Estafas masivas e impunidad: Miles de ciudadanos fueron defraudados en su buena fe y en sus ahorros, víctimas de entramados financieros y económicos protegidos por la complicidad y la intencionalidad de quienes manejan las instituciones del Estado.

 

1. Privatización de los recursos públicos: La crisis se desató porque un grupo se adueñó sin permiso, alimentando su propia codicia, de los recursos estatales, tratándolos como un botín corporativo. Roban para privatizar y, cuando la olla estalla, socializan el desfalco. Se recurre cínicamente al dinero público —que debería garantizar salud, educación e infraestructura social— para «poner paño frío» ante el incendio que sus propias prácticas de poder provocaron. Se socializan las pérdidas mientras se privatizan las ganancias.

 

Esta dinámica confirma que para la estructura dominante el Estado no es la Casa Común donde se administra la justicia y el bienestar general, sino una empresa asaltable por sus gobernantes y, a la vez, un mecanismo de salvataje al servicio de ellos mismos.

 

La movilización espontánea y la ausencia de garantías republicanas

 

Frente al atropello, la ciudadanía, fragmentada y desorganizada, ha salido a las calles de manera espontánea. No la mueve una teoría política abstracta, sino la urgencia vital y la dignidad pisoteada: la necesidad imperiosa de recuperar el fruto de su trabajo, sus ahorros y su derecho a vivir sin zozobra.

 

Sin embargo, el republicanismo auténtico exige contrapesos, separación de poderes e instituciones que respondan a la soberanía popular y no a los mandatos de castas privilegiadas. Cuando el Estado se pliega mansamente a los designios de los poderes fácticos, las garantías constitucionales se vuelven letra muerta. Las movilizaciones populares siempre han sido el mejor antídoto frente a los abusos, aunque, paradójicamente, cuando se trata de la protesta ciudadana, el aparato estatal se vuelve implacable con los de abajo, llegando incluso a desempolvar leyes anacrónicas como la del «marchódromo» para reprimir la libre expresión.

 

El mito del cambio: «Hombres escombros» y la hegemonía partidaria

 

El corolario de esta crisis mafiosa ha sido el clásico reciclaje de nombres. Como advertía con aguda profecía el recordado monseñor Ismael Rolón al referirse a la obsolescencia moral de ciertas dirigencias, hoy asumen el gobierno los mismos «hombres escombros»: piezas gastadas de un sistema putrefacto que solo cambian de sillón, pero conservan intactas las mañas, los privilegios y la lealtad hacia sus mandantes corporativos.

 

Este enroque de funcionarios es la demostración más cabal de que el partido de gobierno hace lo que quiere en el país, instrumentalizando las instituciones públicas como un patrimonio prebendario. No hay vocación de servicio público; hay una rotación perpetua de operadores funcionales a los mismos intereses de siempre.

 

Una lucha ajena que condena a los pobres

 

En definitiva, estamos ante la crónica repetida de una pelea de ricos y mafiosos que, bajo discursos de aparente normalidad democrática, terminan perjudicando, como siempre, a los pobres:

• Cambian los rostros, pero persiste el mismo grupo.
• Se desplazan piezas en el tablero, pero la matriz de dominación sigue firme.
• El poder económico y fáctico está intacto.

 

Romper este ciclo exige dejar de ser espectadores pasivos de sus disputas internas. El horizonte del Bien Común y la revitalización de la república exigen construir, desde abajo y con autonomía, una ciudadanía organizada, crítica y consciente, capaz de disputar el sentido del Estado para ponerlo, de una vez por todas, al servicio de la dignidad humana y de las mayorías postergadas.

 

Hay que romper la lógica del poder: ¿Qué hacer frente al atropello?

 

La indignación no alcanza si no se traduce en lucidez política y acción organizada. Si queremos defender el Bien Común y la dignidad de la población, la ciudadanía debe asumir tareas concretas:

 

1. Vigilancia activa sobre el sistema judicial: Hacer un seguimiento estricto a fiscales y jueces. La impunidad solo prospera cuando el juzgamiento de los delitos ocurre a espaldas de la sociedad.
2.  Sostener a los referentes que denuncian el esquema: Identificar, respaldar y dar cobertura política a los contados dirigentes que se atreven a señalar la corrupción de fondo y exigen un Estado al servicio de las mayorías.
3. Construir organización horizontal y articulada: Ningún mesías individual va a resolver este problema. El único antídoto real frente a un Estado que pisotea los principios republicanos es el desarrollo de una ciudadanía organizada en redes múltiples, críticas, fuertes y articuladas entre sí (vecinales, sindicales, profesionales y comunitarias).

 

El poder real solo retrocede cuando encuentra enfrente a una sociedad informada, organizada y consciente de sus derechos.

 

• Oscar R. Cáceres. Integrante de la Red Paraguaya de Laicos