La lluvia regó la tierra y fortaleció la esperanza de más de cuarenta familias que hasta hace unos días vivían en un terreno que denominaron “Asentamiento San Miguel”, en el distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro. Fueron desalojadas por orden fiscal a pesar de no tener las documentaciones requeridas, dicen los pobladores, “pero decidimos cumplir con la orden para evitar mas violencia”.
Doña Elizabeth Méndez, presidenta de la Comisión del Asentamiento San Miguel, viendo tanto sufrimiento de la gente, en medio de la lluvia, decidió aprovechar la tecnología y grabó un video que se distribuyó por todos los canales. Pidió socorro a las autoridades de San Estanislao. Necesitaban algo para cubrirse y evitar que lo poco que tienen se destruya.
Se ubicaron en la calle, desde el 1 de diciembre, frente al lote que ocupaban, tras el desalojo ordenado por un fiscal. Desde la calle pueden cuidar sus casas y cultivos que quedaron en el lugar donde estuvieron un año y seis meses.
Ocuparon el terreno porque no tenía dueño y tenían necesidad de un espacio para sus viviendas. Es decir, sí tenía un dueño, don Luis Rodriguez, un empleado de la empresa latifundista “La Industrial Paraguaya SA”, fallecido hace unos 40 años. Según confirmó doña Elizabeth estas tierras quedaron abandonadas porque el propietario no traspasó a nadie, tampoco dejó en herencia porque al parecer no tenía descendencia, o por simple descuido,las 5 hectáreas opyta tyre’ÿ.
La superficie es de 5 hectáreas y unas 47 familias llegaron a ocupar el año pasado. El terreno está con la numeración de finca 731, calle 20 de San Estanislao. “Primero averiguamos la situación legal del terreno, como vecinos, sabíamos, pero queríamos certeza”, dijo doña Elizabeth Méndez, presidenta de la Comisión Vecinal. “No encontramos ni un heredero ni alguien que se haya apropiado del terreno. Encontramos a un sobrino de la familia Rodriguez. Y esta persona ahora está realizando los trámites para heredar, según las leyes, estas tierras, que cuando concluya el proceso legal nos dará a los ocupantes”, dijo.
Con documentos dudosos Fiscal ordena desalojo
La fiscalía de Santani fue al asentamiento San Miguel el pasado 25 de noviembre con acompañamiento de unos 250 miembros de la fuerza pública, acompañados de la montada y otras agrupaciones policiales con fines de desalojos. La denuncia fue “por invasión de inmueble ajeno”, que la realizó la familia de Maria Magdalena Román, quien, según la versión, estarían gestionando la documentación de las tierras. Esta familia tiene una finca pegada al asentamiento.
En la oportunidad, y para evitar hechos violentos, según nos dijo doña Elizabeth Méndez, acordaron ante testigos calificados abandonar el lugar para el 2 de diciembre. Con este acuerdo, la policía se retiró y no se procedió a un desalojo violento, pero la orden de desalojo debía cumplirse.
Según la presidenta de la Comisión, el acuerdo se logró no por “buena voluntad” del fiscal o la fuerza pública, sino porque “no tenían los documentos firmes con los que pueden realizar un desalojo”.
Yvy pleito ipukúva
El sobrino del anterior dueño está gestionando que las tierras pasen a ser su propiedad, y luego entraría en negociaciones con los ocupantes. Por otro lado, la familia de Maria Magdalena Román también está haciendo similar gestión. Por la información con que se cuenta, ninguna de las partes cuentan con documentos finiquitados. Están tratando de hacer valer sus derechos, pero al final, un juez decidirá quién tiene la razón. Según los ocupantes, el terrenos figura a nombre de Luis Rodriguez, ya fallecido hace cuarenta años.
Mientras estaba la policía en el lugar, el sobrino del dueño que apoya a los pobladores, va junto al juez a solicitar que no se desaloje a la gente. No acepta el desalojo de las personas. Aquí se evidencia el conflicto y, este, como sabemos yvy pleito, ipuku vaerä.
Los ocupantes pagaron impuestos
“Nunca se pagó los impuestos tras la muerte del dueño, don Luis Rodriguez. Entonces, nosotros, los ocupantes, fuimos a pagar los últimos cinco años, aprovechando la facilidad que existe, porque hay una ley que admite que, si alguien se atrasa en el pago de impuestos, se puede pagar los últimos cinco años. En la Municipalidad, en la Dirección de Catastro existe el terreno, con la finca y el nombre de Luis Rodriguez, pero nunca se pagó impuesto desde su muerte, y lo hicimos nosotros”, cuenta doña Elizabeth.
La Comisión del Asentamiento San Miguel pagó los impuestos, pero a nombre de Luis Rodriguez, quien falleció hace unas cuatro décadas. ¿Qué validez jurídica tiene esta acción? Esta parte deberá aclararse en los estrados judiciales. Lo que los ocupantes realizaron es el reconocimiento al antiguo propietario, ya fallecido, y, al posible heredero, en pleno proceso y juicio.
Pero lo mas importante es que demuestran que la población quiere vivir en un espacio, un territorio social regularizado, para hacer sus vidas, como comunidad, y que posiblemente, en caso de aclararse los documentos, hasta podrían entrar en negociaciones para que estas tierras queden a favor de los ocupantes. La otra figura podría ser un juicio por usucapión.
Salimos porque no queremos mas violencia
“Ya el 1 de diciembre salimos, nos pusimos en frente de la propiedad. Salimos porque no queremos que se produzca ningún hecho de violencia, no queremos que nuestros hijos vean o sufran violencia policial, inmerecidamente. El mismo hecho de la presencia policial, en gran cantidad, atemorizó a gente mayor y también a los niños”, dijo doña Elizabeth.
Según nos comentó tanto los niños como los habitantes del asentamiento San Miguel ya está consciente de que esa tierra es para ellos, donde podrán construir una comunidad. “Salimos porque sabemos que en poco tiempo se va a aclarar este tema de la documentación. Ahora estamos en la calle. Frente de la finca. Y presentamos un recurso de “interdicto de retención de inmueble”, expresa.
Manifestó la lideresa que optaron por salir y quedarse frente al terreno. Desde aquí cuidan sus casas y sembradíos. Está totalmente segura de que en poco tiempo regresarán a sus casas y con mayor seguridad jurídica. “Además, debemos estar atentos a que no venga otra persona a ingresar en el predio. Nosotros tenemos totalmente censada la población, quienes estuvimos en este asentamiento, y eso cuidamos”, manifestó.
Nos organizamos en una Comisión para gestionar nuestra tierra
La organización comunitaria está reconocida por la Municipalidad y la Gobernación como “Comisión del Asentamiento San Miguel”.
“Estos día llovió. Nosotros pasamos todo ese tiempo, aquí, bajo nuestras precarias carpas, nuestros colchones están mojados y todo lo que tenemos. Sobre esto vamos a seguir durmiendo con nuestros hijos, aquí en la calle”, relata.
“Tenemos miedo de que nos violenten, tenemos miedo de la violencia, no queremos que nadie venga a intentar violentarnos. Por eso nos quedamos aquí y realizamos las gestiones y vemos como ayudarnos en la alimentación y en cualquier otra cosa”, prosigue, y aquí “estamos frente a nuestras casas, nuestros cultivos de mandioca, batata, poroto, gallinas, locote, … Estamos como a veinte metros nomas luego de las cosas”.
”Tuichaite mba’e la mboriahu”
¡Tuichaite mba’e la mboriahu!, dice doña Elizabeth. “Nos duele tanto que nuestras autoridades no haya venido junto a nosotros durante todo este tiempo”, dijo.
No está vinculada a otras organizaciones sin tierra, dice, “no entendemos cómo funciona eso, porque nosotros nos movimos por la necesidad, y no tenemos todavía una coordinación con otras organizaciones sin tierra y sin techo. Nos apoyamos entre familia”.
“Aquí hay niños, niñas y jóvenes escueleros y colegiantes. Y pasamos muy mal este año con ellos, porque no tenemos energía eléctrica para cargar nuestros teléfonos y tener acceso a internet. Nos organizamos entre madres y caminamos lejos para ir al vecino para estar su electricidad y cargar las baterías de los teléfonos”, dice recordando que la educación este año se realizó en forma virtual.
Sin servicios básicos
Manifestó también que la línea del tendido eléctrico está del asentamiento a unos 500 metros, la ANDE no quiere hacer llegar hasta dicha población, “se solicitó a la Ande, tanto por la población como por parte de algunas autoridades, pero la entidad se niega hasta ahora”, dice. “Habíamos pedido que acerquen por lo menos 200 metros del asentamiento y pongan un medidor en donde la comunidad pueda cargar baterías de celulares, linternas y aparatos que requieren energía para su funcionamiento, mas aun teniendo en cuenta que con eta pandemia toda la escuelas y los estudios se gestionan virtualmente, pero no”, dijo y reiteró que tampoco tienen acompañamiento en el servicio a la salud.
Graves violaciones a los derechos humanos
O nuestro país no cuenta con leyes que exigen la atención a personas y conglomerados o simplemente las autoridades desconocen los derechos humanos. Son los estados y sus instituciones los que deben proveer los servicios básicos a los grupos humanos.
San Miguel es un asentamiento no regular, desde el punto de vista legal. Sin embargo, por ser un conglomerado debía tener los servicios básicos como energía eléctrica, sistema de agua potable, atención a la salud, la policía realizando servicios comunitarios, atención a la niñez desde CONENI y Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de la Mujer y atención a personas de tercera edad. Las instituciones educativas deben asegurar que los niños y niñas sigan estudiando, lo mismo con los jóvenes, entre otros.
Algunos dirigentes políticos manifestaron que no se podía hacer eso “porque así se estaría apoyando una ocupación irregular”. No. La cuestión legal tiene su forma de gestionar y solucionar. Mientras tanto, la autoridad local debe coordinar todos los servicios para tal población. Estos servicios nadie puede impedir y si alguien se opone que se vea ante la justicia.
Pero vayamos a un ejemplo muy negativo. ¿Qué pasaría si una persona que necesitaba tener refrigerados sus medicamentos y porque no tenía energía eléctrica empeoró o le llevó a la muerte? En una investigación bien hecha se apuntará a la ANDE y las autoridades municipales.
Pero esta es la actuación casi normal de las autoridades en este tiempo de transición a la democracia. Nada de energía eléctrica, nada de atención médica, nada de servicio público, porque “así estaremos apoyando la “invasión de la propiedad privada”.
“Ayuda humanitaria” fue el lema para que varios países intentaran invadir Venezuela; hasta pusieron un presidente interino que se perpetuó en el interinato. Pero vale como un ejemplo. El mundo clamaba por Ayuda humanitaria. El Asentamiento San miguel, población humana que requiere de apoyo humanitario.
Es necesario afirmar que vivimos en un estado de derecho. Según las versiones, ninguno de los supuestos dueños cuentan con una documentación firme. Es inmoral que haya estado tanto tiempo esas tierras desocupadas frente a tantas familias necesitadas. La propiedad privada no es absoluta, tiene limites y condiciones. Allí están queriendo hacer valer un documento que ni se sabe en qué estadio legal se encuentra.
Otras autoridades manifestaron que tal ocupación forma parte de una estrategia electoral de uno de los movimientos colorados. Y no se puede descartar. Pero ¿por esa sospecha se puede dejar de atender a personas, con carne y hueso, con rostros concretos?
El municipio está para servir a las personas. Las personas empobrecidas son vulnerables y, por que no, también pueden aprovechar una coyuntura política para buscar algo a su favor. Y, si por acaso se convierta en verdad lo que algunos dicen, que allí, en el Asentamiento San Miguel, muchas personas cuentan con casas en otra parte, suponiendo que fuera verdad, nuevamente se demuestra la necesidad de la intervención institucional. ¿Cuenta la municipalidad con un censo de familias? ¿Han realizado alguna investigación para establecer quién o quiénes tienen casa en otra parte? ¿O qué porcentaje de los ocupantes tienen casa? También para esto se necesita de una buena intervención institucional.
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