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Corrupción pone en riesgo a nuestro país

La Articulación Campesina, Indígena y Popular, ACIP, se reunió el pasado miércoles 27 de mayo y entre sus decisiones más importantes se figuran   declararse en “proceso de movilización”, profundizar el análisis de la situación del sector junto con otras organizaciones y propiciar una movilización nacional con todas las fuerzas sociales y políticas a fin de establecer una agenda de lucha en pos de las reivindicaciones de los sectores más marginados del país.

El miércoles 27 de mayo, en el local de ACADEI, Yataity del Norte, se reunieron representantes de la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), provenientes de los departamentos de San Pedro, Alto Parana y Concepción.

Representantes de unas 30 organizaciones campesinas, indígenas y populares debatieron sobre “la situación actual del sector rural y del país, en especial en la situación de la pandemia y aislamiento social”.

La mayor preocupación se centró en el manejo de la cosa pública, el bien de todos y todas, por parte de las instituciones gubernamentales en la “que muchos de sus responsables, en vez de administrar con honestidad y eficiencia las cosas públicas están robando a la nación”.

La organización considera que es inadmisible el nivel de corrupción en nuestro país, que “la corrupción de los altos funcionarios públicos ya es un gran escándalo nacional e internacional”.

A las vergonzosas situaciones y hechos en el Poder Ejecutivo, dice la ACIP, se suman “jueces y fiscales que en vez de impartir justicia toleran, apañan y acompañan estos hechos delictivos y criminales contra el patrimonio nacional”.

Parlamentarios apañando la corrupción

En el análisis de los representantes campesinos se indica que existe complicidad de la mayoría de los senadores y diputados, que se manifiestan “en forma permanente en las deliberaciones de ambas cámaras, apañando y acompañando la corrupción. El Poder Ejecutivo, con los responsables de las instituciones públicas que no dejan espacios libres de la corrupción”.

La ACIP apunta como responsables de estos hechos al Presidente Mario Abdo Benítez quien acompaña y apaña “esta situación de corrupción”, y lo más grave es que “está endeudando cada vez más al país, buscando más y más recursos a través de los préstamos que quedaran como herencia pesada a resolver por nuestro pueblo”.

Los tentáculos de la corrupción abarcan todos los poderes que en alianzas con sectores privados y extranjeros buscan también “hipotecar nuestra principal fuente de ingreso del Paraguay que son las hidroeléctricas, Itaipu y Yasyreta”.

Desde unas semanas atrás viene informándose acerca de una propuesta de poner como garante a Itaipu para conseguir un préstamo de unos 20 mil millones de dólares, lo que significará la pérdida de la soberanía, la posibilidad de que nuestro país disponga de su riqueza hidroeléctrica.

 

Impuesto para los pobres, PYMES y empresas nacionales

Asimismo, señalaron, que una carga impositiva muy pesada se deja sobre “los sectores populares, de la clase media, de los PYMES y empresarios nacionales”.

El panorama se oscurece aún más pues la riqueza del país se está dejando en manos de “sectores ligados a las transnacionales y grandes exportaciones, como la carne y los granos, sin pagar los impuestos justos, amasando fortuna a costa de la pobreza y limitaciones de la mayoría de nuestra población”.

Reforma del Estado en manos de los que arruinan la nación

Acerca de la Reforma del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo manifestaron los dirigentes campesinos que “justamente con los responsables de la grave situación que estamos padeciendo en nuestro país” se pretende realizar la reforma. ¿Cómo se puede entender esto?, se preguntan. ¿qué reforma pueden proponer y decidir estos sectores que están arruinando a la nación sino es para asegurar sus privilegios, la tremenda desigualdad y el aprovecharse hasta de lo más mínimo recurso estatal y nacional?”

La propuesta de reforma no solo es capitaneada por los que se “consideran dueño absoluto del Estado y de la Nación”, sino pretenden marginar de un proceso de reforma “sin los sectores de las organizaciones sociales, gremiales populares, políticos, culturales, PYMES y otros que no están invitados, están ignorados”. Afirma que una reforma con este modelo no tendrá ninguna legitimidad.

La pandemia y la situación social

Los representantes campesinos, indígenas y populares reunidos valoraron el comportamiento responsable de la ciudadanía durante esta pandemia, demostrando “la gran calidad de nuestro pueblo, disciplinado, responsable y solidario cuando la patria está en riesgo o en peligro. Miles de ollas populares, compartiendo alimentos entre todas y todos. Campesinos movilizados con su solidaridad aportando mandioca, poroto, verduras, frutas entre otros, ese es el grito del pueblo paraguayo solidario con sus hermanos y compatriotas. Lastimosamente ese sueño de vivir en una patria solidaria no está siendo acompañada como debiera ser por los responsables gubernamentales”.

Agricultura familiar campesina e indígena

La ACIP, en su reunión valoró, una vez más, la “gran importancia de la Agricultura Familiar y Comunitaria Campesina e Indígena. Sabemos que, en la mayor parte de las mesas diarias, de la mayoría de nuestro pueblo, sea rural o urbano están los alimento frutos de la chacra, de la huerta, de frutales, de animales domésticos que producen la familia campesina e indígena”.

Lamentan que esta agricultura que alimenta a nuestro pueblo “no es acompañado como debiera ser por el gobierno”, al contrario “está al margen de las decisiones políticas y económicas de los gobernantes”.

De la cuarentena a la movilización

El proceso iniciado a principios del año 2020 se cortó a raíz de la pandemia que como medida se impuso la “cuarentena total”, situación que obligó al sector campesino y popular a posponer varias de sus actividades. A partir de esta nueva etapa y respetando las medidas sanitarias la ACIP decidió en esta reunión de representantes que realizarán un proceso para “convocar a un proceso de unidad de las organizaciones campesinas, indígenas, populares y gremiales, a los sectores intelectuales, a docentes y estudiantes, a los miembros de las PYMES, al sector político progresista y nacionalista, y a todos quienes sueñan con la construcción de una patria libre, soberana, con justicia social y manejo honesto de las instituciones gubernamentales por el desarrollo nacional integral e incluyente”.

Asimismo, estarán ajustando una agenda que “permita el desarrollo de las acciones necesarias para el logro de los objetivos de la lucha campesina, indígena, popular y nacional”, ejecutar acciones en un marco de “unidad nacional” con estrategias y objetivos propios, y se declara en un “proceso de movilización de acuerdo con la situación de nuestro sector, del nivel gremial en general y nacional”.

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