Foto: El Nacional
A un día del inicio de la Cuaresma, un desproporcionado operativo policial —caratulado como «constitución fiscal»— derivó en un desalojo encubierto y la detención de referentes comunitarios, dejando a 156 familias en la incertidumbre y exponiendo los vínculos de poder entre el municipio y el sector privado.
Por Oscar R. Cáceres
Un despliegue de guerra para un conflicto social
El 19 de febrero de 2026, con una temperatura de 41 grados, la vida de pobladores del asentamiento 1° de Marzo del municipio de Ypané fue interrumpida por un operativo sin precedentes. Unos 300 efectivos policiales, incluyendo unidades de la Montada, Cascos Azules y carros hidrantes, rodearon a las 156 familias de la Comunidad. Bajo la coordinación de la fiscal Rossana Martínez, lo que legalmente debía ser una inspección de rutina se transformó en un despliegue de fuerza intimidatoria que la comunidad califica como un desalojo forzoso encubierto.
La población, asentada desde hace siete años, se vio cercada. El operativo culminó con la detención de Derlis Ayala, presidente de la Comisión Vecinal, junto a otras dirigentes mujeres y la propia abogada defensora de la comunidad, limitando gravemente el derecho a la asistencia legal inmediata.
El factor político: parentesco y negocios
Detrás del conflicto jurídico por las 7 hectáreas, emerge la sombra del tráfico de influencias. La propietaria del inmueble, la señora Yolanda Ortiz, es pariente directa del Intendente de Ypané. Según confirmó su propio representante legal, el Abg. Abraham Cantero, la tierra tiene un destino comercial: un proyecto de loteamiento con la inmobiliaria «La Paraguaya S.A.».
A pesar de que las familias buscaron solución con la propietaria y las instituciones del Estado, incluyendo el INDERT, no se pudo llegar a acuerdos y menos a la solución al problema de fondo: la tierra para la vivienda. La tierra fue ocupada por decisión de una Comisión de Sin tierras y sin viviendas que vieron que las tierras estaban expuestas como mercancías para la venta a través de una inmobiliaria.
El revés institucional y el desamparo estatal
La lucha por la regularización por parte de la Comisión que de los pobladores ha pasado por todas las instancias. La comunidad logró media sanción para un proyecto de expropiación en la Cámara de Senadores; sin embargo, en la Cámara de Diputados sufrieron un revés muy cuestionable. El argumento legislativo fue que «el Estado no cuenta con recursos para fines sociales», devolviendo el proyecto al Senado y dejando a las familias a merced de la fuerza pública. Esto ocurrió a finales del año pasado. El argumento coincidía con los intereses de la propietaria que se negaba a facilitar la tenencia de la tierra a los ocupantes y personas de escasos recursos.
Esta falta de voluntad política, sumada a la cercanía de la propietaria con el poder local, ha cerrado las puertas a una solución pacífica. Mientras tanto, el costo del masivo despliegue policial genera interrogantes: ¿Quién financia este operativo? El uso excesivo de la fuerza no solo es irracional, sino que criminaliza la falta de vivienda en lugar de gestionar salidas estructurales.
El Bien Común: hacia una mirada de fe y justicia
Desde una perspectiva de laicos comprometidos, movidos por la coherencia de nuestra fe, no existe otra alternativa ética que realizar una lectura de estos hechos a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. El eje central del conflicto no es una simple disputa entre tenedor de tierra y sin tierras, sino el derecho al Bien Común, pues el corazón de esta lucha es la tenencia de un pedazo de tierra para construir viviendas dignas, el único espacio donde las familias pueden vivir con verdadera dignidad.
El caso de la Comunidad «1° de Marzo» no es un hecho aislado, sino un doloroso síntoma de la crisis en la gestión de la tierra en el Departamento Central. Resulta inaceptable la desproporcionalidad de la fuerza empleada contra los más humildes, lo que evidencia una preocupante captura de las instituciones por vínculos familiares y comerciales que priorizan el lucro privado. Este entramado de intereses espurios termina dejando a cientos de ciudadanos en la más absoluta intemperie, tanto física como jurídica.
Ante esta realidad, la población del asentamiento requiere un acompañamiento ciudadano firme y solidario. Es necesario el involucramiento de la Iglesia, que por su autoridad moral constituye el referente de mayor peso para dar un giro en el enfoque de este problema. Asimismo, que otras entidades de derechos humanos acompañen el problema. Es imperativo abandonar la vía represiva para buscar una solución de fondo que involucre a las instituciones del Estado y a la población afectada, transformando el conflicto en una oportunidad de justicia social y paz comunitaria.
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