Por José Parra Gaona
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En el Paraguay su historia política, social y económica está muy relacionada a la tierra, al territorio.
Los fundadores de nuestra patria tuvieron la claridad política de que la tierra, el territorio era la base material de la soberanía nacional. La tierra era patrimonio nacional y entregada a quienes la trabajan, especialmente al campesino. Hasta fueron confiscadas tierras de quienes no merecían tenerlas. Así mismo sobre su valor económico, que permitía desarrollar una producción agrícola para el auto sustento y hasta la exportación de productos, en esa misma línea crearon las estancias de la patria que alimentaron la calidad de vida social y su crecimiento económico, que efectivamente permitió un Paraguay grande y poderoso.
Ya conocemos que esa prosperidad autónoma desencadenó la guerra de la triple alianza contra el Paraguay, direccionada por el imperialismo inglés para cortar ese desarrollo independiente, también aliándose con referentes políticos traidores de la patria, los legionarios, que precisamente formaron los gobiernos sucesivos después del genocidio de nuestra patria y la destrucción de sus bases económicas poderosas. Entre ellas la entrega de las tierras por millones de hectáreas a empresas extranjeras, dando nacimiento a la más escandalosa desigualdad en la tenencia de tierra en el Paraguay. Así también la apropiación de referentes políticos de los recursos del estado en forma particular, entre otras, de las tierras públicas, dando también nacimiento a la corrupción que sigue carcomiendo al estado y a nuestro pueblo en general.
Siguiendo el proceso político nacional, con conflictos permanentes surge el gobierno del general Stroessner en 1954. No hay cambios en la práctica política de apropiación de los recursos del estado como algo particular propio. Se instala el prebendarismo y el clientelismo en la política y en la gestión pública. Entre los regalos del dictador a sus seguidores y adherentes cercanos encontramos de nuevo la tierra, restos de lo que aún quedaba en manos del estado. Tierras que fueron muy bien identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia, en el Informe Final, Anive haguâ Oiko, Tomo IV, de las tierras mal habidas, con referencias y documentos fidedignos. El prebendarismo y clientelismo procesualmente se fue perfeccionando y practicando en forma permanente por los sucesivos gobiernos y en la práctica política general, con graves daños en la participación política ciudadana en que vale más los regalos del político en ese momento para la obtención del voto ciudadano que la oferta de un plan de gobierno o propuestas de acción seria para el manejo de las instituciones públicas.
Momento histórico para iniciar la recuperación de los bienes del Estado
Desde las organizaciones campesinas, indígenas y populares consideramos que es momento histórico para iniciar un proceso de recuperación de los bienes del estado, en especial de las tierras públicas en manos privadas, fruto del prebendarismo y clientelismo y que están muy bien identificadas. Asi mismo la identificación y la recuperación de las tierras que fueron destinadas para la reforma agraria, bajo administración del IRA, IBR y ahora el INDERT que fueron cediendo, alquilando o vendiendo en forma ilegal a particulares que no son sujetos de la reforma agraria establecidas en nuestra legislación. También efectivizar organizadamente la recuperación y destino de las tierras del crimen organizado para la reforma agraria y ya planificar la entrega a las familias sin tierra.
Una propuesta razonable es planificar la recuperación, entrega de tierras a campesinos e indígenas procesualmente, disponer de recursos para los nuevos asentamientos cubriendo todas sus necesidades sociales para la vida digna y el arraigo sostenible, para la producción y comercialización de sus productos, de todas las familias asentadas. La recuperación de las tierras en forma procesual, identificadas por la Comisión Verdad y Justicia, la entrega a 15.000 familias por año. Significa 150.000 hectáreas de tierra por año. Así mismo destinar en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, mínimamente 300.000.000 de dólares anuales, que llegaría a una inversión de 20.000 dólares por familia.
Consideramos que es tiempo de propuestas, de análisis realistas y de definición de acciones en vista a la solución de nuestro problema más grave, más escandalosa en el Paraguay que es la desigualdad en la tenencia de la tierra.
Esta solución que tiene que ser procesual y permanente es una responsabilidad histórica de los gobernantes actuales, de todas las organizaciones políticas, de las instituciones públicas y privadas, de las organizaciones gremiales, en especial campesinas, indígenas y populares. En verdad la reforma agraria, con la recuperación de las tierras, la distribución organizada y la inversión de los recursos públicos para los asentamientos de las familias campesinas e indígenas debe ser, y es una causa nacional ineludible.
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