Denuncian genocidio indígena en Comunidad Veraro

Se agrava la situación de indígenas de la Comunidad Veraro, en el distrito de Maracana, departamento de Kanindeju. El líder Eliodoro Martínez manifiesta que están para defender sus tierras mientras con frecuencia son amenazados por civiles armados de un supuesto propietario. El INDI denunció que hay delito criminal de genocidio. Las tierras fueron compradas por el INDI en 1995

 

Don Eliodoro Martínez, líder de la Comunidad Veraro en el distrito de Maracana, departamento de Kanindeju denunció una vez más que están siendo atacados y perjudicados por civiles armados bajo la orden de Juan Carlos Villalba quien dice ser propietario de las tierras donde viven desde hace unos 30 años.

Y ¿qué es vivir sin tener tierra donde pueda vivir tranquila la familia, en una comunidad?, reflexiona el líder Eliodoro Martínez. “Nosotros estamos aquí. Ya hemos decidido dar nuestras vidas por nuestra tierra. Amamos nuestra tierra y la protegemos. No vamos a entregar en manos de otra persona”, dice el líder.

Algo muy grave. “Nosotros estamos viviendo en nuestra comunidad con los guardias armados dentro. Ellos están en nuestra comunidad. En cualquier momento podrá suceder algo”, reitera.

Comentó que unas 40 familias de otras comunidades están con ellos, listas para defender la tierra. Plantaron una bandera paraguaya y, constantemente salen a la calle a gritar sus derechos

“No vamos a retroceder”

La lideresa Beatriz Rivarola de la Comunidad Tekojoja y personas de otras comunidades se encuentran en estado permanente de solidaridad, compartiendo todo en la “carpa de la resistencia” donde están los pobladores de Veraro.

“No vamos a retroceder ni un paso. No vamos a entregar esta tierra. Queremos que todos nuestros hermanos indígenas se solidaricen con Veraro. Vengan todos. No vamos a salir. Estaremos hasta que nuestra gente tenga tranquilidad. Aquí nos acorralan. Aquí hay una lucha por la tierra, que es una lucha por la vida”, dice la lideresa Beatriz Rivarola.

 

El INDI compró las tierras para Veraro en 1995

El abogado Daniel Benítez, Director del Área Jurídica del Instituto Paraguayo, informó acerca del problema observado desde el INDI y las acciones que llevan adelante en defensa de la Comunidad Veraro.

Un poco de historia. El señor Juan Carlos Villalba planteó un juicio de nulidad de titulo contra una propiedad del INDI adquirida en 1995. En ese lugar, hace mas de 30 años se asentó la Comunidad Indígena Ava Guarani denominada Veraro, distrito de Maracana. Ya el padre del actual líder de Veraro había recibido la propiedad para la Comunidad Veraro.

Una acción jurídica tiene sus trámites, presentación de pruebas, expedientes, estudios, etc. para que, al final, – yvy pleito ipukúva-, la Justicia pueda establecer si es válida o no lo que pide el señor Villalba o los derechos de los Indígenas, en este caso.

Pero este señor no solo presentó el pedido “de nulidad de títulos”. También contrató unos “guardias civiles” y prácticamente desalojó a los verdaderos dueños de la tierra, los indígenas Ava Guarani de Veraro. “Mandaron a los indigenas a estar a la vera del camino, quemando sus ranchos y destruyendo sus cultivos”, dijo el abogado Daniel Benítez, del INDI.

A partir de estos hechos el INDI tomó el caso y presentó como ocho denuncias ante el Ministerio Publico, por “invasión de inmuebles y otras acciones civiles que tenemos”, informa el abogado del INDI.

“Hoy tenemos una medida de no innovar que prohíbe al señor Juan Carlos Villalba que realice cualquier tipo de actos en la Comunidad Veraro”, explica el abogado.

Atropellos y acoso a la comunidad es permanente

Estas denuncias del INDI ya son del año pasado, también hay de fechas anteriores y otras nuevas. “Tenemos un juicio de mensura, un juicio de nulidad de título presentado por Villalba y planteamos también un juicio de interdicto de recobrar la posesión; los indígenas tienen esa posesión, la propiedad de 1300 has”, explica.

¿Tiene un argumento de peso para solicitar la anulación del título de propiedad de las tierras que ocupan los indígenas?

Lo que hay es que el señor Villalba dice tener un título de propiedad sobre esa misma tierra. O sea, una “superposición de títulos”, según él.

 

 

Breve historia. Daniel Benitez, asesor jurídico del INDI, dice que supuestamente el señor Villalba “había adquirido dos propiedades en la zona de un Banco en quiebra, en un remate”. El Banco Oriental, el que fue a la quiebra, junto con otros bancos a finales de la década de los 90 y principios del 2000 habría rematado esta propiedad “adquirida por Villalba”. El supuesto título de propiedad de Villalba data del año 2016. Las quemas de casas y atropellos, el acoso a los indígenas se produjo a partir del 2018 aproximadamente.

Situaciones que llaman la atención. Hay quejas de parte del INDI de que el Ministerio Público no “está produciendo ningún resultado ni resoluciones en respuesta a las denuncias del INDI”. Esas “tierras fueron compradas por el Estado para la comunidad que estaba liderado por el padre del actual líder, Eliodoro Martinez”, dice Benítez.

Según los comentarios acerca de los antecedentes, el señor Villalba habría comprado esas tierras adquiridas ya por el INDI porque supuestamente “las compras realizadas durante la administración de Valentín Gamarra eran todos falso”. Valentín Gamarra fue presidente del INDI en aquellos años. Fue acusado por corrupción y pasó 10 años en la cárcel junto con otros consejeros del INDI. Casualmente, este mismo argumento está utilizando otros grupos terratenientes para despojar a comunidades indígenas de sus tierras. Esto mismo ocurrió en Ka’aguasu. Dicen que las tierras compradas en tiempos de Gamarra tienen títulos nulos.

El atropello a los cultivos, a la comunidad y destruyendo las casas constituyen “un crimen, un delito de genocidio, que no solamente significa exterminar, sino tratar de sacar de su hábitat a una comunidad indígena y llevar a otro lado constituye también genocidio”, según manifestó Benitez.

Para el Director Jurídico del INDI, el señor Villalba aprovechó la feria judicial en enero que prácticamente se unió con la cuarentena por COVID19 para llevar adelante acciones totalmente contrarias a los derechos de la comunidad indígena.

Modo de operación para apropiarse de tierras ajenas

Este es un modus operandis de algunas personas, aprovechan alguna situación y atropella derechos e introducen algo, cultivan o alambran con el fin de lidiar en el ámbito judicial, se alarga cualquier juicio porque alega que “ha introducido mejoras”. Péichagua heta oï.

Pero, en este caso, según el abogado Daniel Benítez, no valdría ninguna de esas estrategias pues ya el INDI realizó todas las denuncias y demandas ante las autoridades competentes para “que nadie pueda alegar ese argumento”.

La medida cautelar es para proteger los derechos indígenas. En el caso de que se siga realizando trabajos de desmontes o amedrentando a los indígenas el que se cree titular de las tierras, el señor Villalba, podrá enfrentar cargos por delitos que surjan a partir de sus actos.

“El ambiente es difícil porque hay un grupo de guardias (civiles) armados que recorren amedrentando a la comunidad”, menciona el abogado.

¿Y la policía?

La policía debe actuar de oficio ante cualquier atropello. Además, existe una ley de armas que tiene que revisarse si los “guardias” cumplen con esta ley o no.

Según los pobladores, el personal del señor Villalba permanentemente pasa sobre motos o autos frente a donde están los indígenas, portando armas largas.  Cuentan que “algunos de esos guardias viajan en la patrullera de la policía”. Esto es grave porque la policía es la fuerza pública que debe proteger los derechos ciudadanos y, en este caso, la comunidad indígena.

Para el abogado del INDI, además de las denuncias presentadas a la fiscalía y otras instancias, también se debe investigar si estas personas armadas tienen permisos para la tenencia de ese tipo de armas. “La tenencia es una cosa, que se puede conseguir, pero hay que ver si tiene permiso para la portación de armas”, dijo.

Son dos cosas. Una persona puede tener permiso para la tenencia de armas y debe actuar según la ley. Pero hay que ver si tienen permiso de portación de armas. Es decir, una persona puede obtener el permiso para tener armas, ¿qué clase?, número de serie, marcas, tipo, etc, todo debe estar bien justificado. Pero también se debe tener permiso para portar, es decir tener el arma iku’akuápe o en su vehículo, etc. Pero, aun así, el permiso de tenencia y portación de armas no da derecho a que entren en una comunidad indígena con armas y amedrentarlos. “Esa es una investigación que debe hacer el ministerio publico con la policía”, dice el Abogado Benítez. Esto es en cuanto a armas.

“Vamos a pelear hasta el último para defender a los indígenas”

Pero la cuestión de fondo es “la propiedad, el derecho que tienen los indígenas de vivir sin ser molestados en sus propias tierras”.

En el caso de la policía, el Estado paraguayo podría ser denunciado a nivel internacional teniendo en cuenta que los pueblos indígenas son protegidos por nuestra Constitución Nacional, las leyes y también por tratados internacionales. La policía representa al Estado. Y, si la policía protege a los atropelladores y no protege a los indígenas es el Estado el que está atentando contra los derechos de protección de los indígenas. La Institución policial debe intervenir, investigar a sus funcionarios y castigar según las leyes.

De no actuar la institución policial para corregir esta supuesta situación, el Estado podrá ser denunciado antes las instancias judiciales pertinentes, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nosotros vamos a pelear hasta el ultimo para que se respete la propiedad indígena; esta es la orden del Presidente del INDI, señor Edgar Olmedo, y vamos a hacer el derecho”, dijo el Asesor Jurídico.

Es de recordar que el lugar donde está la Comunidad Veraro constituye tierras ancestrales de los Ava Guarani. Además, si ya el Estado adquirió en 1995, lo que si o sí debe hacerse es defender la Comunidad Veraro.